Un gran hijo de puta

José Luis Martínez Almeida, con el bastón de mando tras ser elegido alcalde de Madrid. AYUNTAMIENTO DE MADRID

‘Martínez el derribos’

José Luis

No solo por pertencer al engendro mas maligno y delincuente que habita en este miserable país llamado España, dígase P.P., partido candidato por derecho al cachondeo mundial.

 El Gobierno municipal, encabezado por José Luis Martínez-Almeida, paralizó el expediente del Memorial del cementerio de la Almudena destinado a los republicanos fusilados entre 1939 y 1944 puesto en marcha por el anterior equipo de Gobierno para “dar cumplimiento a las recomendaciones del Comisionado”, esto es, según aseguraron desde el Consistorio, un Memorial sin nombres propios. Para Almeida, el Memorial de la Almudena tiene que ser un acto “de encuentro” y no “sectario y de revancha”.

En el momento en que los operarios retiraban las placas —sobre las 14:10 horas del lunes 25 de noviembre, según ha podido saber Público—el alcalde de Madrid acudía a una comida organizada por el club Siglo XXI. Preguntado específicamente sobre la posición del actual consistorio sobre el callejero, Almeida señaló: “A mí la gente de Carmena me llama ‘Martínez el derribos’, así que supongo que están pensando que sí estamos revirtiendo sus decisiones”. El conservador destacó que no había que “destruir todo ni que cambiar todo” lo que había hecho el anterior equipo de Gobierno pero alegó que no habían tenido “ningún problema en revertir aquellas decisiones perjudiciales”.

“Tenemos que recordar que en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que algunos les gustará más o a otros menos, es una ley que está en vigor. En estos momentos, mientras no se derogue, habrá que aplicarla. En la interpretación en la ley al cambio de las calles, está pendiente de sentencia en el Tribunal de Injusticia, creo razonable esperar a lo que diga el TSJ”. El ‘popular’ diferenció, no obstante sobre “las calles que están bien cambiadas en esa desafortunadísima ley” y otras “que deberíamos poder cambiar” porque no se cumple con la legalidad.

A juicio del consistorio, el memorial debe estar dedicado “a las personas que perdieron la vida de forma violenta” y no a las 2.934 personas republicanas que fueron ejecutadas en la capital entre 1939 y 1944. La posición del Ayuntamiento, en base a las premisas del extinto Comisionado de Memoria Histórica, es que hay que “honrar a todas las victimas del periodo bélico para evitar nuevos agravios”. Sin embargo, en la placa se rememora a los fusilados entre 1939 y 1945 de la dictadura franquista, cuando ya la guerra ya había acabado y no existía ‘otro bando’.

El PP, contra la Ley de Memoria Histórica

La ley de Memoria Histórica, aprobada en el año 2007 bajo el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, pretende recuperar y honrar “a todos aquellos que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y del régimen dictatorial por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas”. A quienes “perdieron su vida o su libertad y a los que lucharon por la defensa de los valores democráticos”: Cuerpo de Carabineros, brigadistas internacionales, combatientes guerrilleros y la Unión Militar Democrática. Además, la ley hace una condena expresa del franquismo.

Pablo Casado llegó a la presidencia del PP prometiendo que derogaría la Ley de Memoria Histórica para sustituirla por una Ley de Concordia. Los conservadores señalan que su propuesta incluirá a “todas las víctimas” para que nunca más vuelva “el odio y la violencia entre españoles”. En la anterior legislatura no presentaron ningún texto en la Cámara Baja sobre esta nueva ley, a pesar de haber incidido mucho en ella con el fichaje de Adolfo Suárez Illana. Preguntados por este medio, aseguran que está ya redactada y que esperarán a que la nueva legislatura se ponga en marcha para presentarlo y debatirlo.

 Almeida se gastó 14.520 euros de dinero público en un informe para no recurrir la sentencia contra Botella. El coste de la lealtad.

  Si ese otro gran cabrón llamado Dios lo tiene a bién. que pronto se lleve a esta gran basura social descendiente de asesinos y colaborador de chorizos, amén.

Culebra, lagarto y sapo

 

El 9 de noviembre de 1764, tres nativas del pueblo de Silos en la Provincia de Pamplona, Nuevo Reino de Granada, fueron ahorcadas por las propias autoridades indias del pueblo (teniente, alcaldes y capitanes) aunque estos carecían de “facultad para proceder a imponer pena de muerte”.2 Este hecho reproduce en muchos aspectos el ocurrido en el mismo lugar sólo 16 años atrás y pese a las advertencias que los justicias3 españoles les hicieron en aquel tiempo de moderar sus acciones. Según relatan los testigos del caso en el expediente, el primer ajusticiamiento se recordaba como sucedido 14 o también 19 años atrás, pero sabemos que la fecha es imprecisa porque poseemos los documentos de 1748. (Véase mi anterior entrada relacionada con esta: “Ajusticiamiento en un pueblo de indios: Silos, 1748” en el blog Los reinos de las indias.   Antes de continuar, debemos aclarar que si los indios hubieran estado sometidos a la justicia inquisitorial, estos casos habrían tenido que pasar por este tribunal. Pero desde el siglo XVI los indios fueron excluidos de la jurisdicción inquisitorial por considerárseles ‘neófitos’, es decir, personas nuevas en la fe católica, condición que nunca varió a pesar del paso de los siglos. En regiones de la Nueva España, casos de esta naturaleza fueron resueltos por el juzgado ordinario diocesano,4 en el Alto Perú5 por autoridades municipales y otros de la Nueva Granada por la justicia real ordinaria, específicamente por el corregidor.6

“A muertos y a idos”: los dichos del Presidente Andrés Díaz Venero de Leiva

La violenta muerte de Juana Canuta (conocida también como Juana Mogotocora), María Romualda Silos (o Juana Romualda) y su madre Juana Estrada, quien declaró ser “la maestra de todas”,7 tuvo lugar en esta forma:

Poniéndolas en un palo aujeriado [agujereado] con un lazo puesto a la garganta y a la espalda del palo una piedra asida de el lazo manteniéndola entre Damián Villamizar y Martín Esperanza quienes soltaron la piedra con la que quedaron muertas de una en una en un mismo día.8

…y que oyó decir las habían azotado y dado tormentos, y vido una foguera en la plaza, y que llevaban a una de ellas suelta por delante y vido que llevaban tres congolos9 y los hecharon en la foguera en la plaza, y que la volvieron a la casa de un capitán onde la tenían presa y le oyó decir al demandante que solo pedía contra una, y después las vido salir de la cárcel a todas tres con las sogas al cuello y amortajadas en compañía de los capitanes y la mayor parte de la gente, y las vido poner en el suplicio y darles muerte ahorcándolas a fuerza del peso de una piedra.

La brutalidad del ajusticiamiento protagonizado por las autoridades indias pasó por alto informar y reclamar la presencia del corregidor y su teniente, a quienes les correspondía juzgar este tipo de delitos. Además de esto, entre el momento de la prisión, los tormentos, las confesiones y la horca transcurrieron sólo cuatro días.

Hace sólo 10 años (2008), en una población india de Costa Rica ocurrió algo semejante, situación que aterra aún más quizás por la evolución que creemos han tenido ciertas creencias populares y ciertas prácticas de justicia. A “puro palo” los hermanos Seferino y Rubén García mataron a su cuñado Joaquín Bejarano, convencidos de que era maligno para el pueblo de Copey de Brumalí y que con esta acción salvaban a su familia. Con sus artilugios, Joaquín hechizaba y enfermaba a la gente.

Con argumentos casi idénticos, las autoridades indias de Silos justificaron 244 años antes, sus acciones ante el teniente de corregidor y justicia mayor, Don Juan Joseph de Vargas Machuca.

Estas mujeres fueron vistas como “ministros del demonio” que hacían tener al pueblo el “crédito perdido”.12 Muchas personas afirmaron que ellas estaban acabando con el pueblo -como en 1748- y que en consulta popular, tanto autoridades indias como gente común determinaron “todos a una razón que se sentenciaran a horca conociendo de nuestra gran desdicha y que se limpiara este pueblo lo primero para poder tener curas que nos administren”.13 El único español que presenció los hechos fue don Miguel Trujillo, hermano del cura del pueblo y quien les rogó que se contuvieran ante tal castigo, pero en sus declaraciones expresó que no le obedecieron. Don Miguel también era cura, pues fue quien les administró los sacramentos a las indias muertas.

Las tres mujeres ajusticiadas fueron acusadas de encantamientos, de provocar una gran cantidad de enfermedades entre sus congéneres a raíz de cuyos envenenamientos muchos de ellos murieron. Después de torturarlas, todas ellas declararon ser autoras de esas acusaciones e incluso sin aparente temor, contaron cómo y con quienes más obraron. También dicen que ellas confesaron sus delitos y que aceptaron que les “convenía morir”.14  Cada una de ellas tenía en su haber muertes de personajes como un cura de apellido Pereda y varios miembros de las familias importantes de Silos: Bermúdez, Capacho, Cabeza, además de muchos otros vecinos.

El expediente se abrió con los testimonios del indio Joseph Cabeza, quien acusó a Juana Romualda de haberlo envenenado con unas turmas y de haberle “formado” un lagarto en el estómago.

La Inquisición española, el sexo y la tortura

Se supo por las confesiones de las tres Juanas que no sólo ellas eran “moanas”15 sino que tenían aprendices, las cuales fueron desterradas del pueblo. Entre ellas se contaban Simona, hija de Juana Canuta, Tomasa Turmequé, Tomasa Esperanza, Josepha Antolines o María Josepha, quien era “bruja muy maestra”.16 Emerge también el nombre de dos mohanes, el marido de Juana Esmoda y Ciprián Silos.

Las hechiceras indias fueron acusadas de delitos muy graves que evidencian profundos conflictos, quizás seculares y que revelan tal vez, ecos de matriarcados anteriores a la presencia de los españoles en la zona. Estas mujeres parecían interesadas por sus encantos, en evitar la presencia de un cura español que probablemente arrebataba su capacidad de comunicación con instancias sobrenaturales, la cual les fue prohibida desde el establecimiento español. La situación igualmente deja al descubierto, grandes debilidades en el proceso de evangelización católica.

En el pie del campanario de la iglesia habían enterrado un “congolo negro con polvos y un atadito de yerbas verdes trementinosas”17 con la finalidad de que “no hubiera cura”.18 Otro “entierro de encantos” fue colocado en el “corral del hato de nuestro Amo”, es decir, tierras de una cofradía.

La Santa Inquisición en la Edad Media

Los venenos que las mohanas lanzaron o inocularon (por ej. en un trago de aguardiente o chicha) sobre sus víctimas podían enfermarlos gravemente o matarlos. A muchos de ellos se dice que les hacían “lagartos” “cangrejos” o “culebras” en el estómago. Unos murieron de ahogo y otros “secos”. Entre los bebedizos que las indias describieron se menciona uno de raíz de yerbabuena, ajos y altamiz19 y otro de “pepitas de borraquera20 y altamis, culebra, lagarto y sapo”.21 También hacían aparecer animales que asustaban a los caballos o que provocaban nubes y tormentas.

Las mohanas describieron resentimientos particulares por los cuales decidieron castigar a ciertas personas, entre ellos, la obligación de traer agua y barrer la casa del cura, el castigo a sus maridos en el trabajo o a sus hijos en la doctrina por parte de un capitán indio, la envidia por un pedazo de tierra, o la negación de maíz. Creemos sin embargo, que sus acciones homicidas fueron motivadas por asuntos menos triviales y de más larga duración. Entre ellos se encuentra el tormento que una de ellas sufrió en 1748 cuando otras tres indias fueron condenadas sin proceso.

Otro de los “encantamientos” fue puesto en la “Casa Real”22 para evitar que se impartiese justicia, acto que nos habla otra vez, de una mala aceptación del orden español.

Maquinaria del pánico

Por palabras del fiscal del rey escritas en Santafé en junio 7 de 1766 nos enteramos de que los hechos de Silos no fueron únicos y que acciones similares ocurrieron en el pueblo de Tabio en donde en 1747 atormentaron a Gregoria Turco y le quitaron la vida, o en el pueblo de Tota en 1755, en donde quemaron a tres indias, una de las cuales estaba embarazada. Trabajos futuros deberán establecer los posibles nexos analíticos entre estos casos.

Este expediente permite entender un poco mejor que el de 1748, la dinámica del pueblo de Silos y la relación con sus mohanas. María Romualda confesó haber matado a don Andrés Bermúdez, quien es muy probable fuera pariente del cantor y escribano don Lorenzo Bermúdez. Este escribano, presente en los dos procesos, era a su vez cuñado de don Mateo Cacua, cuyo hermano  murió a manos de las mohanas indias colgadas en 1748.

Don Salvador Cabeza, muy seguramente relacionado con el indio que las denunció en 1764 -Joseph Cabeza-, fue quien protagonizó y sentenció a las indias colgadas de 1748.

A pesar de la solicitud y defensa por parte del fiscal protector de naturales el 21 de marzo de 1766 para que las autoridades indias no recibieran un gran castigo porque según él “la misma sumaria vierte manifiestamente la buena fe con que procedieron […] considerando que hacían un gran servicio al común”,23 -aunque gobernados de un “celo barbaro”-24, el virrey y la Real Audiencia determinaron condenar al teniente don Joseph de Cáceres y a los alcaldes don Remigio Capacho y Agustín Peña, a trabajos forzados durante ocho años en el castillo de San Carlos de la Barra de la ciudad de Maracaibo. La remisión de los culpables sería cubierta económicamente a costa de los bienes comunales de la ciudad de Pamplona. El fiscal protector de naturales sólo les había impuesto a ellos la privación de sus cargos honoríficos.

Santa Inquisición Tortura

Muchos de los afectados por las indias colgadas parecieron haber recibido castigos por abusos pasados, entre ellos, autoridades políticas del pueblo o sus parientes. Estos hechos además de envidias y celos particulares, nos hace pensar en la capacidad de las mohanas para sostener subterráneamente una lucha de poderes que se les salieron de las manos. Una lucha de los poderes ‘sobrenaturales’ contra los poderes materiales y muy seguramente abusivos que ejercieron las autoridades indias contra sus propios congéneres. Esta situación nos habla de una voluntad de resistir a la violencia o a la pérdida de espacios. En el caso de las autoridades masculinas indias, nos muestra también, una peculiar forma de burlar a la justicia española y de hacer eco de sus poderes anteriores, valiéndose del tema de la pobreza26 y de una divergencia en la aplicación del castigo. Según los alcaldes indios, no tenían dinero para enviar una carta informando al corregidor de lo que estaba sucediendo en Silos, y si hubieran informado a las autoridades españolas, las indias, en su concepto, no habrían sido castigadas de forma proporcional al delito cometido y terminarían, según ellos, por acabar con el pueblo entero.

Para entender el terrible castigo sufrido por las hechiceras, el caso de la muerte del brujo de Costa Rica en 2008, nos hace pensar que quizás exista una conexión que mirando sólo retrospectivamente no podríamos vislumbrar. Estas palabras nos hacen reflexionar sobre las múltiples posibilidades de explicación de acontecimientos que nunca podremos entender suficientemente, pero en los que quizás, como decía Robert Darnton,27 pueda estar la clave de la comprensión de hechos oscuros del pasado. La muerte del indio guaymi a manos de sus parientes se explicó en el hecho de existir en este pueblo, una tradición que “ordena matar con violencia a quien invoque dioses malignos que posean espíritus débiles”. El sacrificio era un rito que se hacía como ofrenda a los dioses buenos.

Es muy difícil que los indios de Silos hubieran podido confesar algo similar ante los españoles, 244 años atrás.